La Ley Antifraude, aprobada en 2021 por el Ministerio de Hacienda, obliga a empresas y autónomos a usar programas de facturación que aseguren que las facturas no se puedan modificar, borrar ni perder y se registren de forma clara, segura y accesible para Hacienda.
Además, prohíbe vender o utilizar programas de facturación que no cumplan con los requisitos técnicos y que no cuenten con una conexión con Hacienda vía Verifactu.
En caso de no cumplir, se han definido multas y sanciones elevadas tanto para el programa de facturación como para el usuario.
El Real Decreto 1007/2023, que desarrolla la Ley Antifraude, prohíbe vender o utilizar programas de facturación que no cumplan con los requisitos técnicos establecidos y que no incluyan, como mínimo, la opción de conectarse con Hacienda a través del sistema Verifactu.
La Orden Ministerial (28 Octubre 2024), subordinada a la Ley Antifraude, establece las especificaciones técnicas que los softwares de facturación deben garantizar, además de imponer a cualquier obligado tributario español (empresas y autónomos) el uso de Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) que cumplan con la Ley y sean compatibles con el sistema Verifactu.